Maxi Sopo estaba pasándola tan bien en México que colocó mensajes sobre ello en Facebook para compartirlo con sus amigos. Pero también estaba atento un fiscal federal en Seattle, donde Sopo está acusado de fraude bancario.
El fiscal rastreó al sospechoso a través de su lista pública de ''amigos'', encontró su dirección y le informó a las autoridades mexicanas, que lo arrestaron. Ahora, en lugar de disfrutar piñas coladas, Sopo aguarda su extradición a Estados Unidos.
Los agentes federales están en Facebook, MySpace, LinkedIn y Twitter, y Sopo lo aprendió de la peor forma.
Las fuerzas policiales están siguiendo al resto del mundo de la internet en populares sitios de contactos sociales, incluso infiltrándose con alias para comunicarse con sospechosos y obtener información privada, de acuerdo con un documento interno del Departamento de Justicia que afloró en una demanda.
El documento muestra que los agentes estadounidenses se están conectando subrepticiamente a esos sitios para intercambiar mensajes con sospechosos, identificar a sus amigos y familiares y revisar información privada como mensajes, fotografías y videos.
El documento del Departamento de Justicia recuerda además a los fiscales que llevan un caso a juicio que las redes sociales son ''una fuente valiosa'' de información sobre testigos de la defensa. ''El conocimiento es poder'', dice el documento. ''Investiguen a todos los testigos en sitios de contactos sociales''.
La Fundación de la Frontera Electrónica, un grupo de libertades civiles basado en San Francisco, obtuvo el documento de 33 páginas cuando demandó en un tribunal federal al Departamento de Justicia y a otras cinco agencias gubernamentales.
Hace una década, agentes vigilaban las salas de charla de AOL y MSN para atrapar a los depredadores sexuales. Pero esos servicios basados en texto son anticuados comparados con las redes sociales de hoy, que contienen un tesoro potencial de evidencia.
El documento, parte de una presentación dada en agosto por funcionarios de delitos informáticos, describe el valor que tienen para los investigadores sitios como Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn y otros servicios similares. No ofrece detalles sobre los límites para usar esos servicios.
''(El documento) no discute realmente mecanismos de responsabilidad ni formas de asegurar que el gobierno use esas herramientas responsablemente'', dijo Marcia Hoffman, abogada de Electronic Frontier Foundation, que demandó para obligar al gobierno a revelar sus políticas para el uso de las redes sociales.
El caso de Sopo no requirió de trabajo encubierto, pues sus descuidos proporcionaron las pistas necesarias. Pero las investigaciones encubiertas en las redes de contactos sociales son legales y están gobernadas por reglas del gobierno, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia, aunque no precisaron cuáles son esas reglas.
Fuente: eluniversal.com.mx
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