* Dos policías municipales de Mexicali que ofrecieron dinero y artículos a militares en un retén para que les permitieran pasar droga, no fueron consignados. El Secretario de Seguridad de la Capital minimizó el tema, despidiendo a uno de los agentes e investigando al segundo por otras faltas.
* En la Policía Ministerial de Tijuana, cinco agentes (dos comandantes) fueron señalados por Manuel García Simental como colaboradores de su célula criminal, pero ninguno ha sido presentado ante el Ejército y la SIEDO para investigación.
* Actualmente, en la municipal de Tijuana se investiga a por lo menos diez agentes que se presume sirven al cártel Arellano Félix, no deteniendo a personas, abriendo caminos para cargamentos y paso de comandos, o desalojando de patrullas para ejecuciones o tirar cadáveres.
* Son los policías que en las dos ciudades, sirven al narcotráfico pero que no han sido detenidos.
Rosario Mosso Castro
Sergio Haro Cordero
Aunque su actividad ha sido detectada, está suspendida la búsqueda y detención de elementos policíacos al servicio del cártel Arellano Félix (CAF) en Baja California.
No hay información ni justificación oficial para este hecho.
El comandante de Robo de Vehículos, el comandante de Homicidios y los agentes ministeriales apodados “El Rayo”, “El Pelón” y “El Rayito” están señalados en las declaraciones de Manuel García Simental “El Chiquilín”, como agentes de la ministerial que recibían dinero de esa célula y colaboraban con ellos.
Desde el 9 de febrero, la Procuraduría Federal y la Comandancia de la II Zona Militar, solicitaron a estas personas al Procurador Rommel Moreno Manjarrez, pero éste se negó a presentarlos argumentando en el caso de los comandantes, que “los jefes de grupo los acabo de cambiar y en la procuraduría no conocemos a ningún agente con esos alias”.
Ese mismo día, cuando autoridades castrenses interrogaban a García Simental, le transmitieron la respuesta del procurador exigiéndoles más datos para identificar a los comandantes y los ministeriales infiltrados; “El Chiquilín” solo respondió: “¡¿Cómo que no?! Aquí los conocemos así, y ellos también, que no se hagan…”, sin embargo en la PGJE la negativa se repitió.
Ante la presión, porque la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana sí presentó a los cinco hombres señalados exclusivamente por cargos, para que fueran investigados por la SIEDO, el Procurador se comprometió a investigar y detectar quiénes eran los señalados a su cargo. Más de tres meses han pasado y ninguno de los empleados estatales coludidos con narcotraficantes ha sido buscado y menos detenido. Ninguna autoridad ha presionado al Procurador Rommel Moreno. Y en el Ejército les queda claro que la ministerial es la corporación que menos ha colaborado con la limpieza de elementos deshonestos.
Ante el amparo oficial, el mal ejemplo cunde y la impunidad se multiplica.
La noche del martes 15 de marzo, en las inmediaciones del Ejido Mérida, en la parte norte del Valle de Mexicali, un grupo de individuos se acercó a elementos del 23 Regimiento de Caballería Motorizada instalados en una volanta móvil. Intentaron sobornarlos a cambio de que dejaran cruzar droga por esa zona, muy pegada a la línea internacional. Dos eran policías, pero ni así fueron consignados.
En Tijuana, los ejemplos también volvieron a ser recurrentes.
El 4 de mayo en una casa abandonada de la colonia El Pípila, encontraron 315 kilos de crystal, la denuncia se hizo a través del Centro de Control y Mando y los primeros en llegar fueron agentes municipales que reportaron “sin novedad”. Informe que se modificó al arribo de la Policía Estatal Preventiva que en un cateo más aplicado localizaron el enervante.
“No estaban custodiando la casa, estaban cuidando la droga”, manifestaron molestos algunos de los agentes estatales que participaron en el operativo.
Tampoco hubo reporte en el parte policiaco ni declaraciones en la indagatoria que se inició en la SIEDO, sobre la participación de municipales con el crimen organizado.
Investigación interna en Tijuana
Los asesinatos y atención de reportes de personas armadas encendieron las luces de alerta en torno a una nueva camada de agentes corruptos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Tijuana.
Otra vez el dinero de los criminales se enfocó a los mandos medios y destaca en la zona Oeste; de acuerdo a los reportes recientes de los grupos de inteligencia, los traficantes están controlando el movimiento de droga desde Tecate y hacia Tijuana por esa región.
Sin proporcionar nombres, en la Policía Municipal que dirige Gustavo Huerta, tienen identificados a varios agentes corruptos: cuatro en La Presa, dos en La Presa Rural, y uno en cada una de las siguientes delegaciones: Cerro Colorado, Sánchez Taboada, Los Pinos y San Antonio.
Estos policías volvieron al viejo formato de corrupción en el que la actividad delictiva de los agentes era menos abierta: reciben llamadas de maleantes; dejan ir a delincuentes; no reportan cuando encuentran droga; mueven las patrullas de calles donde después se cometen asesinatos o tiran cadáveres; o se acercan a zonas en las que no tienen nada que hacer.
Algunos de ellos han sido sorprendidos “cuidando” casas de seguridad. Además, están recibiendo y atendiendo “reportes fantasma”.
Un ejemplo reciente sucedió el jueves 13 de mayo. Se reportó una “Clave 1” (que es como tienen identificado un ataque a policía municipal). En medio de un gran alboroto se informó que un agente había sido herido con arma de fuego cerca de la caseta de cuota en Otay, advirtiendo que los atacantes iban a bordo de una Cherokee gris con rojo.
Todos los agentes saben que en esos casos la orden es que las fuerzas completas se trasladen al lugar de los hechos para proteger a los compañeros, impedir la fuga y buscar a los atacantes. Y así se hizo.
El supuesto atacado era un ex ministerial en auto particular y no estaba herido, relataron los policías. Pero ese traslado de unidades fue aprovechado para cometer un asesinato en la delegación Los Pinos.
Otro foco rojo: En delegaciones de la Zona Este, se ha detectado uniformados que han respondido con inusual rapidez y esmero, hasta tres denuncias de vehículos sospechosos con personas armadas estacionados en tal lugar. “Pero en menos de tres minutos reportan que no encontraron nada, con el agregado de ‘no se acerquen’ porque aseguran, ya no es necesario”.
Hasta el momento estos señalamientos corresponden al dicho de policías instruidos para vigilar a sus compañeros, que se han empatado con hechos registrados y consignado en partes policiacos, pero como la actividad delictiva ahora es más encubierta e individual, el Secretario de Seguridad, Julián Leyzaola Pérez, está buscando confirmar la colusión criminal sorprendiéndolos en flagrancia, así que organizó operativos para dar seguimiento cercano a las actividades de los desleales elementos.
Entrevistado al respecto, el Teniente Coronel Leyzaola señaló: “No se pueden dar nombres porque se van a ir, y la intención es detenerlos”.
–Pero, ¿sí trae operativos para detectarlos?
“Sí; tengo redes de información establecidas de oficiales leales directamente conmigo y están distribuidos en toda la ciudad. Cuando sucede un evento irregular yo recibo automáticamente una llamada de ellos”.
–¿Tiene algunos agentes corruptos identificados?
“Estamos revisando algunos casos de corrupción; sí hay varios casos, principalmente en la Zona Este”.
–Porque parece que después de detener a los policías que trabajaban para Teodoro García Simental se terminó el trabajo de depuración, y faltan los que sirven a Fernando Sánchez Arellano...
“Bajó, porque creo que la mayoría de los que no deberían estar ya se fueron. Parecería que estamos entrando en un periodo de estabilidad en la operatividad, hay mayor certidumbre dentro de la policía, porque ya no son evidentes las acciones de protección, o aquellos oficiales que se ufanaban porque se sentían con prestigio por trabajar para algún cártel o grupo delictivo.Sí quedan por ahí algunos, pero lo hacen de manera muy discreta, se volvieron cautelosos y es más difícil detectarlos, sólo cuando hay detenidos de la delincuencia, ellos nos dicen con quién trabajan, eso se sigue haciendo”.
No los entregan en Mexicali
En la capital del estado el procedimiento seguido a los agentes Jesús Manuel Espinoza Alanís y José Juan Ramírez Morales, y el tratamiento público que se dio al tema, pusieron de manifiesto el solapamiento oficial.
Ambos agentes estuvieron en el grupo de hombres que el 15 de marzo intentó sobornar a militares “ofreciéndoles comida, dinero y tarjetas telefónicas a cambio de que les permitieran el libre trasiego de marihuana”. Los elementos de las fuerzas castrenses no sólo se negaron, sino que detuvieron a los cinco sujetos y posteriormente descubrieron que Espinoza y Ramírez Morales eran agentes municipales.
Penalmente quedaron libres por falta de pruebas. Pero en lugar de denunciarlos ante autoridades estatales, o iniciarles una investigación, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Alonso Ulises Méndez Manuell, decidió despedir a Ramírez y a Espinoza Alanís se le sigue actualmente un proceso de remoción, está suspendido por Sindicatura debido a una serie de inasistencias.
Sin embargo, Méndez se esforzó porque este “incidente” mantuviera un bajo perfil para evitar que la imagen de su administración en la policía se viera afectada. “Por la misma razón ha hecho caso omiso a las denuncias ciudadanas que acusan a los policías municipales de trasladar la droga por el Valle de Mexicali en las patrullas, para evitarse problemas no les da seguimiento”, señaló molesto uno de los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California.
Según los agentes, la ineficiencia en la depuración tiene historia en Mexicali, y el ejemplo más publicitado ha sido el de Gilberto Germán Rendón, exjefe en la zona de Palaco, quien fue señalado por un grupo de jóvenes ligados a la banda de Víctor Serrano Galván “El G1”, que asesinaron al policía Eduardo Téllez (noviembre 2007) a quien acusaban de un robo de droga.
Fue removido en 2008 junto a otros 142 policías de todo el estado, 22 de ellos de la municipal de Mexicali, cuatro se ampararon, entre ellos Rendón, y lo regresaron a la corporación, aunque congelado al área de separos. En diciembre del 2008 tras la detención de “El G1”, el controvertido exjefe desapareció y fue removido para más tarde ser capturado el 28 de marzo de 2010, acusado de complicidad en asesinatos y vínculos con el crimen organizado.
Como antecedente el Síndico Municipal de Mexicali, David de la Rosa Anaya, justificó que al llegar recibieron mil 200 expedientes de policías con investigaciones administrativas pendientes y una buena parte ya habían caducado.
“Hubo remociones de agentes que se efectuaron, en donde también los asuntos ya estaban prescritos, y son temas que nos ha estado regresando el Tribunal Contencioso”, afirma el funcionario municipal.
“Ellos –dijo en referencia a la anterior administración– sólo sancionaron en el 10 por ciento de los casos” y comentó que en la administración que le precedió inició cerca de 4 mil 800 expedientes, de los cuales 580 llegaron a sanción, y de ésos, sólo 60 a remoción, en el caso de los agentes municipales. “Denuncias por delitos graves como violación, se dejaron sin resolver y en otros casos se actuó fuera de tiempo”.
A su favor dijo que con la reforma a la ley de seguridad en 2008, la entrada en vigencia de la nueva Ley en agosto de 2009, y la publicación del Reglamento de Seguridad Pública en febrero de 2010, “es más difícil que los agentes puedan ganar un pleito contra la administración, es decir, se quitaron candados que ahora facilitan la depuración de los agentes, aunque esto es de reciente vigencia”.
Además aseguró que sí están vigilando a los policías a través de Sindicatura y de Asuntos Internos en la misma Secretaría y como prueba mencionó el caso de un agente de la policía municipal que fue detenido por el delito de robo. Lo sorprendieron sacando tubería de las instalaciones vacías que ocupaba Pemex en la zona aledaña al bulevar López Mateos, cercano al Distribuir Vial.
De la Rosa refirió que nunca ha recibido amenazas ni presiones, a lo más que han llegado ha sido a hablar directamente con él, para que les explique su situación, aunque acepta que a parte de su personal sí les han tocado roces con los agentes en proceso de investigación. “No aceptan los agentes que tienen que estar supervisados y vigilados”.
Sólo remociones administrativas
De acuerdo a las cifras publicadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del 1 de noviembre de 2007 al 31 de marzo de 2010, mil 482 elementos de las policías que operan en Baja California entraron en el proceso de depuración. 117 de ellos en este año.
Extrañamente contabilizan los 110 oficiales asesinados y 776 renuncias, 70 en este 2010, de las cuales 52 se dieron de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodios.
Además suman los verdaderamente procesados administrativamente en los órganos de control: 33 destituidos, 17 de la PGJE, 11 de la policía de Rosarito, dos agentes de Mexicali, dos uniformados de Ensenada y uno de Tecate; 481 remociones; 69 suspensiones; y sólo 13 están registrados como detenidos, un Policía Estatal Preventivo, cuatro municipales de Tecate, ocho de Rosarito, y ninguno de las policías de Tijuana, Mexicali, Tijuana, ni ministeriales.
Además a pesar de que en Tijuana (2 mil 900 agentes en total) parece ser el municipio con mayores remociones al sumar 153, considerando la cantidad de policías, no tiene gran diferencia con los 124 despedidos en Mexicali (mil 980 agentes en total). El contraste es el manejo de la información y que en la capital se privilegia la imagen de la corporación.
En Tijuana, los últimos agentes apresados por presuntos nexos al crimen organizado fueron encarcelados el 9 de febrero, señalados por Manuel García Simental “El Chiquilín” y ligados como la mayoría de los capturados a “El Teo”.
Al igual que su acusador, el 12 de mayo recibieron auto de formal prisión: Francisco Ortega Zamora, jefe de sección patrullas, capitán retirado; Juan Carlos Cruz Espinoza, Teniente de Corveta, jefe de policía en delegación La Mesa; Ramón Ángel Soto Corral, comandante general; José Enrique Ramírez Zambrano, jefe de policía en Sánchez; y Macario Arturo Ramírez Enríquez, ex jefe sección tránsito y ex supervisor en San Antonio de los Buenos. Están internos en el penal de “El Hongo” en Tecate.
Sin embargo, en estos cinco casos, en la sindicatura Municipal de Tijuana, apenas están en la etapa de investigación: “De Seguridad Pública nos están haciendo llegar las constancias, nos estamos documentando y en un momento dado, si consideramos que deben ser sujetos de un proceso de remoción se les notificará en su momento”, detalló el Director de Responsabilidades en el ayuntamiento de Tijuana, Licenciado Arturo Berrelleza.
Además, en el expediente municipal no especifican que están involucrados en cuestiones de delincuencia organizada, al igual que el resto de sus compañeros que han sido detenidos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
“Los calificamos como falta de probidad y honradez, y sólo se explica si están sujetos a un proceso penal o averiguación previa, éstos en su mayoría tienen una suspensión preventiva”.
Cuando inicien el procedimiento de remoción les darán una cita y notificaran a través del director del reclusorio. Se le cuestionó a Berrelleza que se trate de un mero trámite, porque no podrán atender, como sucedió con los ex agentes presos en Nayarit y agregó: “Porque no quisieron, cuando tienen una imposibilidad física como es el caso, pueden comparecer por escrito”.
En los primeros dos años de la administración de Jorge Ramos, la Sindicatura ha revisado 342 asuntos contra policías, en 206 casos fueron removidos porque les salió responsabilidad, y 136 resultaron exculpados. 36 de estos asuntos se resolvieron este año, debido a que un procedimiento de remoción se lleva de ocho a 12 meses.
Incluidos en las remociones están: “…alrededor de 60 ex policías, que están no sólo en Nayarit, en Puente Grande, Jalisco, en la Penitenciaría de Tijuana o en el Hongo”
Berrelleza explicó que las faltas por las que han causado baja los agentes son el 35 por ciento por acumular tres ausencias injustificadas al servicio, y el 65 por ciento por falta de probidad y honradez
Entre enero y abril de 2010, se han recibido 107 denuncias, entre las cuales se incluyen los cuatro agentes que presuntamente robaron dinero al presidente de la Asociación Juvenil Mundial de Tae Kwon Do, Kim Chum Ku en marzo: José Luis Hernández Gálvez, Rafael Sánchez Macedo, Eduardo Romero Enríquez y Víctor Javier Jove Rosales.
Y el subjefe de la Policía Municipal Juan Martín Borja Leyva, acusado en abril, de tocar sexualmente a una joven de 16 años sometida en las instalaciones policiacas.
En Mexicali: “Las 124 remociones que han llevado un procedimiento efectivo, de acuerdo a la Ley y al Reglamento de Seguridad Pública”, explicó el Síndico Procurador en Mexicali, David de la Rosa Anaya, el robo a ciudadanos, abuso de autoridad, lesiones, allanamiento de morada, han sido algunas de las principales causas.
Actualmente tiene cerca de 40 casos de policías que están en procedimiento de remoción y han aplicado 972 amonestaciones, suspensiones temporales y suspensiones preventivas.
En el caso de la Procuraduría Estatal, los datos anotan que 217 agentes han sido “depurados” en lo que va de este gobierno, con 665 remociones y 89 renuncias.
Otras denuncias
En la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, encabezada por el licenciado Heriberto García, hay más señalamientos, a esta instancia acuden los ciudadanos que no son atendidos en el municipio. Y como sucede anualmente, en este 2010, los cuerpos policiacos llevan el primer lugar en quejas, aquí la mayoría de los casos son por detenciones arbitrarias o abordajes con exceso de violencia. “Pero tenemos otras donde hay privaciones y torturas, y las estamos integrando con mucho cuidado”, puntualizó García.
Hasta el lunes 17 de mayo los números en la PDH eran los siguientes, quejas contra policías municipales: 77 en Tijuana, cuatro en Tecate, cuatro en Rosarito, 17 en Ensenada, ocho en San Quintín y 17 en Mexicali.
Contra policías estatales preventivos: 13 en Tijuana, una en Tecate, una Rosarito, 34 en Ensenada, ninguna en San Quintín y 10 en Mexicali. Y ministeriales: nueve en Tijuana, uno en Tecate, Rosarito y Mexicali respectivamente, nada en Ensenada.
“En Tijuana, 29 de las denuncias son por detención arbitraria, 23 por lesiones, tres por amenazas, cuatro por falsas acusaciones y seis por allanamientos de morada”, detalló García.
Sin seguimiento
De acuerdo a datos oficiales, de noviembre del 2007 a abril del 2010 cerca de mil 299 agentes han sido dados de baja de las diversas corporaciones, removidos, renunciados o destituidos, se trata de gente entrenada, capacitada, con experiencia en el manejo de armas, la mayoría removidos por actos ilícitos, y un alto porcentaje relacionados con la protección al crimen organizado, sin embargo no se les ha dado seguimiento.
La única medida que se toma, es incorporar sus nombres al Sistema Nacional de Seguridad, para que no sea contratado en otra corporación o estado.
Conforme a los discursos oficiales, sólo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, da seguimiento a los agentes que despide, 304, así que se desconoce la ocupación de los otros los 995, pero algunos de ellos como Germán Rendón, ex jefe de Palaco en Mexicali, han sido capturados posteriormente en flagrancia criminal.
Eleazar López Quihuis, director de Asuntos Internos de la SSPE, declaró que: “Se está haciendo un trabajo de verificación: en dónde se encuentran ubicados, qué actividades están desarrollando. De hecho se está haciendo una especie de padrón que estamos trabajando para saber dónde se encuentran, qué andan haciendo”.
En este seguimiento, ha detectado que un porcentaje se ha incorporado a la iniciativa privada. “Algunos son comerciantes, otros a la industria de la construcción, algunos que son soldadores, que regresan a hacer servicio de construcción”.
Pero admitió: “… en ocasiones se ha confirmado que siguen delinquiendo”.
El funcionario consideró que darles seguimiento es una labor complicada, pero buscan generar a nivel nacional nexos con dependencias como el Issste o el Seguro Social para tenerlos ubicados por su relación laboral.
La verificación domiciliaria y seguimiento de entorno de los ex agentes se hace cada tres meses y el informe es que la mayoría se va del estado, porque “es complicado, hay que cruzar mucha información”.
Aseguró que se está trabajando a nivel nacional para sistematizar el seguimiento con los ex agentes, en algunos casos tratando de promover que puedan seguir estudiando, aunque acepta que ya es más difícil porque realmente ya no son parte de la corporación.
“En el caso de las remociones es más complicado, ellos salen mal con la Secretaria, sin embargo si tenemos que estarlos monitoreando”, dice el titular de Asuntos Internos.
Como parte del supuesto trabajo de depuración, el Centro de Control y Confianza (C3) está evaluando actualmente a cerca de 400 elementos de la Policía Municipal de Mexicali –trabajo que calculan finalizar para fines de este año– y en junio de este año continuarían con los agentes de la Policía Municipal de Tijuana, según expuso la titular de esa oficina Nancy Medina.
Sin embargo de acuerdo a las declaraciones de los secretarios de seguridad municipal y los síndicos, salvo las pruebas toxicológicas, los resultados de los exámenes de confianza no sirven para remover a los policías integrados a la delincuencia y el que resulten “no recomendables” apenas alcanza para identificarlos.
Así que la detención e incluso, la remoción de agentes ligados al crimen organizado sigue desligada del cacareado Programa de Depuración. Las aprehensiones de policías-delincuentes siguen dependido exclusivamente de las declaraciones y señalamientos de criminales detenidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario